Los Obispos de la Iglesia en Castilla y León, reunidos en sesión ordinaria, nos dirigimos a los fieles de nuestras Diócesis para recordarles la Doctrina que la Conferencia Episcopal Española ha emitido en diversos documentos sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC):
1.- El Estado no puede imponer legítimamente una formación de la conciencia de los alumnos al margen de la libre elección de los padres, tal como tiene prevista la asignatura EpC y los Decretos que desarrollan la Ley, que pretenden formar con carácter obligatorio la conciencia moral y cívica de los alumnos.
2.- El derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral y religiosa para sus hijos es primordial, insustituible e inalienable, como reconoce el artículo 27,3 de la Constitución Española: «Los poderes políticos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones morales».
3.- Las enseñanzas orientadas a la formación de la conciencia moral, tanto en el ámbito de la persona como en el de la sociedad, no son competencia del Estado. Son los padres y las escuelas, como colaboradores de los padres, quienes tienen el derecho y el deber de la educación de sus hijos.
4.- Los padres tienen derecho a poner objeción de conciencia a la enseñanza de la asignatura EpC, así como a la denuncia personal de esta Ley, como medios a su alcance para defender el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral de sus hijos.
5.- Las diferentes administraciones educativas, así como los colegios públicos y concertados, deben respetar escrupulosamente las decisiones de los padres y no interferir en el ejercicio de sus derechos fundamentales, asesorando y acompañando convenientemente a todos aquellos que lo soliciten.
Los Obispos de la Iglesia en Castilla y León desean contribuir, con todo respeto, a la información de los padres sobre sus derechos, en espera de que la asignatura EpC no se aplique en nuestras Diócesis en la forma que está programada y que ha sido ya desautorizada por las sentencias de varios tribunales civiles.
