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Diócesis de Osma-Soria

Inmatriculaciones

25 de enero de 2022

Nota sobre el listado de bienes inmatriculados por el art. 206 de la Ley hipotecaria de 1998 y 2015

Con fecha 24 de enero de 2022, la Conferencia episcopal española ha hecho público el Informe sobre bienes inmatriculados por el art. 206 de la Ley hipotecaria en el período comprendido entre 1998 y 2015. Este Informe surge a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en febrero de 2021. Tras estudiarlo, la Conferencia ha informado al Gobierno de que, de un total de 34.976 registros incluidos, existe aproximadamente un millar de errores en los datos aportados.

En efecto, la Conferencia episcopal, en contacto con las Diócesis y en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo que ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación de cada bien.

Todo ello de cara a constatar errores en el listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados y buscar su subsanación. Es, por tanto, falso afirmar que la Iglesia se ve obligada a devolver bienes de los que se ha apropiado de manera indebida.

Tras una primera revisión del texto, la Diócesis de Osma-Soria desea hacer las siguientes puntualizaciones:

  1. El Congreso de los diputados hizo llegar a la Conferencia episcopal un listado de bienes con las inmatriculaciones realizadas por las diócesis españolas entre 1998 y 2015. Esos datos, procedentes de los respectivos Registros de la propiedad, suponen un total de 34.976 bienes, de los que 1.564 corresponden a la Diócesis de Osma-Soria.
  2. La Conferencia episcopal, con el fin de homogeneizar el listado y categorizar los bienes, ofreció algunas pautas a las diócesis para analizar si había bienes que no correspondían a las mismas y ser así objeto de un estudio específico. Resultado de ese estudio de las diócesis fue que, de los 34.976 registros del listado del Gobierno, se han verificado de manera correcta un total de 32.401 por las diócesis respectivas, de los que 1.382 corresponden a la Diócesis de Osma-Soria.
  3. En el caso de Osma-Soria, la diferencia entre el listado ofrecido por el Gobierno y el que la propia Diócesis ha verificado es de 182 registros, de los cuales 5 corresponden a duplicados (bienes que aparecen repetidos en el listado), 170 a insuficiencia de datos para identificar (registros que, por falta de información, resultan desconocidos para la diócesis) y 7 a inmatriculaciones anteriores a 1998.
  4. Esos 182 registros son errores existentes en el listado de propiedades presentado por el Gobierno al Congreso de los diputados; no es que el Gobierno haya descubierto que la Diócesis ha inmatriculado indebidamente 182 registros, ni mucho menos que se haya atribuido sin fundamento ni título un derecho de propiedad sobre estos, sino que la Diócesis aclara al gobierno los errores existentes en ese listado que afectan a esos bienes por los distintos capítulos antes indicados. Más en concreto:
    • Hay 6 duplicados que están correctamente inmatriculados.
    • Hay 7 bienes inmatriculados con anterioridad a 1998.
    • Hay 10 bienes que son propiedad de comunidades religiosas, no de la Diócesis.
    • Hay 18 bienes (parroquias, cementerios, solares, etc.) que están correctamente inmatriculados.
    • Hay 12 bienes (solares) que no están inventariados ni inmatriculados por la Diócesis.
    • Hay 129 bienes (fundamentalmente fincas rústicas) que aparecen en el Inventario diocesano y, conforme al listado del Gobierno, están en los Registros de la propiedad, pero de los que, por su antigüedad, no existe documentación y, por ello, la Diócesis no inmatriculó en el período 1998-2015.
  5. Las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el procedimiento del artículo 206 de la Ley Hipotecaria tienen un fundamento legal y cuentan con el necesario título material a su favor pues, de otro modo, no podían haberse inmatriculado. En todo momento, como reconoce el Gobierno, las diócesis han observado escrupulosamente el principio de legalidad en el proceso de inmatriculación.

La Diócesis de Osma-Soria reafirma que los inmuebles inmatriculados están a disposición de los fieles, pertenecen al pueblo de Dios y están al servicio del conjunto de la sociedad.

Ejercicio de transparencia en la Iglesia y correcta actuación registral

Un texto escrito por la Registradora de la Propiedad número 1 de Soria, Doña Isabel de Salas Murillo

Texto íntegro:

Ante los titulares periodísticos aparecidos en los días pasados sobre el resultado de la investigación hecha por la Iglesia de los bienes que tiene inmatriculados en el Registro de la Propiedad, creo conveniente hacer algunas aclaraciones por razones de justicia e imagen, tanto de la Iglesia como de la institución registral. Y muy en especial, por la referencia a la provincia de Soria de la que se insinúa tiene la Iglesia bienes irregularmente inmatriculados, cosa rotundamente falsa.

La Iglesia Católica ha podido inmatricular sus bienes en el Registro de la Propiedad con certificación eclesiástica de dominio expedida por el obispo del lugar, acreditativa de poseerlos desde tiempo inmemorial y tenerlos en su inventario. Esto ha sido así hasta junio de 2015, momento en el que la ley 13/2015 de Reforma de la Ley Hipotecaria, establece que, en adelante, la Iglesia Católica ya no podrá utilizar ese procedimiento pues las razones históricas que lo sustentaron ya no tienen razón de ser en la actualidad y que, por tanto, a partir de esta fecha, la Iglesia inmatriculará los bienes que no tenga inscritos como cualquier otra persona física o jurídica, es decir, dos títulos públicos de adquisición, sentencia declarativa, etc.

Lo hecho hasta 2015 por la Iglesia respecto a sus bienes se ajusta a la legalidad vigente en el momento en que lo hizo. Como ya dije en su día y ayer mismo reconoció y ha reconocido el Gobierno: "La Iglesia lo hizo bien". Utilizó el procedimiento legal para poner en orden sus bienes y protegerlos, como tiene que hacer un buen administrador.

Desde sectores sociales y políticos, poco amigos de la libertad religiosa y de la libertad en general, se ha seguido una campaña de desprestigio contra la Iglesia Católica, centrada en lo que absurdamente siguen llamando "ilegalidad" de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta 2015 con mera certificación eclesiástica de dominio, sin más prueba de la propiedad. No voy a insistir mas en lo que ya han dicho jueces, registradores, Dirección General de Registros y del Notariado, y que el pasado lunes reiteró el propio Gobierno de España: se inmatriculó legalmente.

La historia del Informe

A mediados de 2017 se produjo una petición del Gobierno a la Dirección General de los registros y notariado para que, a través del Colegio de Registradores, le proporcionara un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia mediante certificación de su inventario. Recibido el listado, el Gobierno se dirige a la Conferencia Episcopal para que revise el listado de los aproximadamente 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 a 2015 con certificación de dominio por si alguno no fuera de su propiedad y poder así regularizar su situación.

La Iglesia, en un ejercicio de transparencia absoluta, como no lo ha hecho ninguna de las otras entidades públicas que también han inmatriculado por esa vía y lo siguen haciendo a día de hoy, ha revisado todo el listado remitido y ha detectado incidencias en unos 2500 inmuebles que, finalmente, se han reducido a 1000 y que pueden no ser de la Iglesia por muy distintas razones: doble inscripción, desaparición del inmueble, expropiación forzosa, reconocimiento de dominio a favor de ayuntamiento que éste no ha formalizado... y un largo etcétera debidamente documentado. En concreto, la Diócesis de Osma-Soria ha detectado unos bienes del listado remitido que no puede identificar y que no deberían estar en la lista de sus propiedades inmatriculadas, bienes que nunca ha inscrito a su nombre. Otros bienes de ese listado recibido en cada Diócesis detectan duplicidades, bienes inscritos por otras vías, etc…, pero todos de su titularidad y adecuados a la legalidad.

Y ante este hecho, insisto de gran conciencia democrática y transparencia hecho por la Iglesia, se escriben titulares que insinúan que la Iglesia se ha inscrito bienes que no son suyos, apropiándose de ellos con malas artes y que ahora debe devolver porque la han “pillado”. Esos titulares son injustos y faltan a la verdad: no hay apropiación indebida y menos a sabiendas y no se trata tanto de devolución como de corregir incidencias de los listados.

La Diócesis sólo ha inmatriculado los bienes que posee desde tiempo inmemorial y tiene inventariados como propios. Bienes plenamente identificados en su descripción y en su titularidad. Nada se inmatricula en el Registro sin identificar a su titular. Lo que la Iglesia ha inmatriculado en Soria con certificación de su inventario ha cumplido todos los filtros de legalidad pues, de otro modo, no se hubieran inscrito.

A ello puedo añadir, desde mi experiencia profesional de más de 30 años como Registradora, que la Iglesia no ha tenido reparo en cancelar las inscripciones de bienes erróneamente inscritos a su favor cuando algún ayuntamiento o entidad le ha probado mejor derecho y lo ha hecho sin aspavientos y con naturalidad. Asimismo, ha defendido ante los tribunales sus derechos cuando lo ha considerado conveniente y se discutía sobre la propiedad de algún bien (sobre todo con ayuntamientos), acatando la sentencia recaída en cada procedimiento. La Iglesia no quiere nada que no sea suyo.

Ojalá las Administraciones y Corporaciones de derecho público sigan este ejemplo y depuren los listados de sus fincas inmatriculadas con el mismo procedimiento de certificación de dominio que utilizó la Iglesia. Tal vez se encuentren con alguna sorpresa. Sospechar solo de la Iglesia en el uso de este procedimiento revela una doble vara de medir inadmisible en una sociedad democráticamente madura como la española.

Doña Isabel de Salas Murillo
Registradora de la Propiedad número 1 de Soria

Registradores hacen un muestreo sobre bienes inmatriculados que no constan a la Iglesia y concluyen que es la titular

Declaraciones del vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, a la Agencia de noticias Europa Press el 30 de enero de 2022

El vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, ha explicado que todas las propiedades que aparecen en el listado de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia están "correctamente inscritas" y ha añadido que en el informe entregado por la Conferencia Episcopal al Gobierno "en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes", lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad. De hecho, han realizado un muestreo sobre los bienes que a la Iglesia no le constan o sobre los que le faltan datos y han concluido que los titulares de los mismos son los obispados.

"En el informe (de la Conferencia Episcopal) se hace referencia a una serie de incidencias que surgen del listado que publica el Gobierno; ellos aprecian diversas disparidades con ese informe, pero las inscripciones, en ningún momento se ha puesto en duda que hayan sido realizadas correctamente", ha matizado José Miguel Tabarés en declaraciones a Europa Press.

Según ha precisado, "el Colegio de Registradores lo que ha hecho en todo momento es aplicar la ley" y ha recordado que, hasta el año 2015, existía un procedimiento específico en virtud del cual la Iglesia podía, con certificación eclesiástica, solicitar la inmatriculación de determinadas fincas.

En este sentido, considera "totalmente incorrecto" decir que esos bienes fueron inmatriculados por la Iglesia indebidamente porque, en realidad, fueron inscritos "de acuerdo a la ley vigente y en base a la petición realizada por la propia Iglesia católica".

En concreto, con respecto al informe de 1.000 bienes inmatriculados sobre los que el Gobierno dice haber llegado a un acuerdo con la Iglesia, el vicedecano del Colegio de Registradores ha explicado que "en ningún momento del informe publicado por la Conferencia Episcopal Española se dice que se vayan a devolver mil bienes sino que hay mil bienes en los que hay incidencias".

No obstante, Tabarés ha puntualizado que estas incidencias "en ningún caso implican por sí mismas que la titularidad no sea de la Iglesia sino que tienen que investigar más ellos en su propia documentación la identificación de las fincas o quién llevó la documentación al registro".

Precisamente, ha explicado que, desde el Colegio de Registradores han realizado un "pequeño muestreo" sobre los bienes que a la Iglesia no le consta inmatriculación (31) o sobre los que dicen que les faltan datos para identificarlos (608), y los registradores han concluido que los bienes sí están a nombre de los respectivos obispados.

"Se hace referencia a un número de bienes que no les consta en su documentación, lo cual no quiere decir que esas inscripciones se hubieran practicado sin que se aportase esa documentación, de hecho hemos hecho un pequeño muestreo entre los bienes identificados y hemos comprobado que en las inscripciones consta quién expidió la certificación, en qué fecha, qué documentación acompañó, con lo cual, se puede haber traspapelado esa información dentro de los obispados y es posible que no les conste pero eso no quita para que la inscripción esté practicada adecuadamente y a nombre del propio obispado", ha detallado Tabarés.

En el informe de la Iglesia sobre las incidencias detectadas, entregado el pasado lunes al Gobierno, también aparecen 84 bienes que pertenecen a comunidades religiosas; 111 bienes que aparecen duplicados en el listado --lo cual no quiere decir que figuren dos veces en el registro--; y 276 que se han vendido o expropiado y que, por tanto, ya tienen un nuevo titular.

También aparecen media docena de bienes que pertenecen, en realidad, a otras confesiones religiosas, por ejemplo, uno es un terreno cuyo titular es la comunidad judía. Tal y como indica Tabarés, el bien está correctamente inscrito en el registro a nombre de la comunidad judía y el error se produce al incluirlo en el listado remitido por el Gobierno al Congreso.

Por otro lado, la Iglesia ha detectado 621 bienes que fueron adquiridos por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia); y otros 691 que fueron inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo estudiado, de 1998 a 2015.

A pesar de estas incidencias detectadas por la Iglesia, el vicedecano del Colegio de Registradores ha querido aclarar que esto no pone en duda que estas propiedades se inscribieran debidamente. "Todas están correctamente inscritas, las 35.000", ha abundado.

Lo que sí puede suceder, según puntualiza, es que ahora aparezcan ayuntamientos que reclamen alguno de esos 35.000 bienes. En ese caso, deberán dirigirse al juzgado para que el magistrado resuelva si el bien es de la Iglesia, tal y como aparece inscrito en el registro o si es del ayuntamiento. En algunos casos, según ha indicado Tabarés, el juez ha resuelto a favor de la Iglesia y otras, en contra.

Sobre si este asunto de los bienes inmatriculados de la Iglesia supondrá una mayor carga de trabajo para los registradores en España, el vicedecano del Colegio de Registradores ha explicado que ellos examinarán los bienes del listado en que hay incidencias para facilitar a las partes implicadas todas las particularidades de ese bien, pero ha insistido en que del informe de la CEE en ningún momento se deduce que con relación a dichos bienes haya que inscribir ninguna transmisión a otra persona.

¿Debe la Iglesia devolver bienes?

¿Debe la Iglesia devolver bienes? El vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Giménez Barriocanal, responde a este interrogante en este artículo publicado en “El Mundo”

Texto íntegro:

Hablar mal del dinero o de los bienes de la Iglesia es siempre algo entretenido. Está en nuestro ADN. Y a veces, con razón. No obstante, hay que decir que en los últimos años la Iglesia ha hecho un importante esfuerzo en materia de transparencia para explicar los recursos que tiene y a qué los dedica. Aún así, todo es mejorable.

En febrero del año pasado y a petición del Congreso de los Diputados, el Gobierno hizo publico un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia durante el periodo 1998-2015, donde aparecían un total de 34.976 bienes que podrían estar registrados a través del mecanismo extraordinario de certificación. Este sistema, del que ya tuve ocasión de escribir hace más de 3 años en “El Mundo” (“La Iglesia, ¿nos roba?”) se estableció para poder inscribir en el registro aquellas propiedades que desde hace siglos eran propiedad de instituciones centenarias como lo es la Iglesia o algunas administraciones públicas. De esta forma, el registro de la propiedad adquiría mayor seguridad jurídica. Hasta 1998 no estuvo completamente abierto para los bienes destinados al culto y aunque el registro no es elemento acreditativo de la propiedad sino meramente declarativo, es decir, el hecho de estar registrado no otorga la propiedad pero si la defiende, parecía lógico que la Iglesia inscribiera a su nombre aquellos bienes que históricamente eran suyos.

La publicación de este listado causó cierto ruido mediático por el volumen de los registros y por ser la Iglesia, claro. La polémica venía de lejos y algunos proclamaban que la Iglesia se había apropiado de bienes del pueblo como las grandes catedrales por apenas 30 euros que podía costar el trámite. En el fondo, siempre presente la Mezquita-catedral de Córdoba, que se ha convertido en una auténtica obsesión para algunos. No obstante, junto con el listado, conviene recordar que el Gobierno incluyó un completo informe del Ministerio de Justicia donde se aclaraba que dichas inmatriculaciones se habían realizado conforme a la legalidad vigente. Todo el proceso era perfectamente legal.

Pronto el tema de las inmatriculaciones empezó a formar parte de la agenda de temas ordinarios de las conversaciones entre la Iglesia y el Estado, formándose una comisión “ad hoc” para el estudio de este asunto. En dichas conversaciones ordinarias con el Gobierno y sin que recibiera una sola denuncia por parte de éste, la Iglesia decidió revisar una a una todas las anotaciones contenidas en el listado. Todas las diócesis españolas se pusieron a trabajar y a revisar; un trabajo ciertamente prolijo. Con todo el proceso, lo que quiso dejar la Iglesia claro es que no quería que se le atribuyera ningún bien que no fuera suyo y si hubiera algún error colaboraría para corregirlo.

El pasado lunes la Conferencia Episcopal concluyó el informe y lo entregó al Gobierno coincidiendo con la visita del Presidente Sánchez a la Casa de la Iglesia. Al mismo tiempo, la Iglesia publicó dicho informe completo en su página web. Todo un ejercicio de trasparencia de los que no se dan últimamente y que nos permite poder conocer a todos los ciudadanos los detalles del mismo. De ese estudio, en primer lugar, se deduce que la gran mayoría de dichas inmatriculaciones están correctamente registradas, (Mezquita-Catedral incluida), tal y como como reconoció el Gobierno hace un año y que ahora se ratifica en el acuerdo alcanzado con la Iglesia.

No obstante, en este contexto de cooperación Iglesia-Estado se ha publicado en algunos medios que “la Iglesia admite que un millar de bienes que había inmatriculado no son suyos” y que, por tanto, los tiene que devolver. De esta forma parece que la Iglesia reconoce que ha actuado mal, que se había quedado con bienes que no eran suyos y que el Gobierno le obliga ahora a devolverlos. La información no es correcta ni rigurosa. La verdad es bien diferente y es evidente que quienes lo afirman no se han molestado en revisar el informe.

Veamos la realidad. De la revisión del listado efectuada por las diócesis han surgido cerca de 2.500 registros que presentan incidencias, incluidas todas en el informe, una por una. Se trata, por ejemplo, de 111 bienes que figuran por duplicado en los registros, 746 bienes inscritos con anterioridad a 1998 (y que por tanto no procede su inclusión) o 691 bienes que las distintas instituciones adquirieron mediante compraventa, herencia, permuta, etc., es decir, por procedimientos distintos a la certificación. Incluso se incluye un bien en Hoyo de Manzanares que pertenece a la Comunidad judía.

Y entonces, ¿de donde salen ese millar de bienes citados que la Iglesia se apropió y debe devolver? La cuenta es fácil. Son 943. El informe detalla 31 bienes que explícitamente no se han inmatriculado por la Iglesia según esta misma declara, 28 bienes donde se aprecian serios errores dado que dichos bienes, en su mayoría, no existen y 276 bienes que, a día de hoy, no son de las instituciones de la Iglesia, ya sea porque se hubieran vendido, donado a ayuntamientos o que se encuentran sepultados en un pantano como en el caso de Zamora, etc.

Desde luego será difícil devolver un bien que no existe, que es de otra persona o que está sumergido; en fin…

Por último, el informe incluye un total de 608 bienes de los que la Iglesia declara que no puede validar el registro por “información insuficiente”. Ello no significa necesariamente que no sean suyos sino que, con los datos disponibles en el listado, no se puede identificar o garantizar la titularidad y por tanto, tendrán que ser objeto de mayor análisis. En este punto, junto con los anteriores, como no puede ser de otra forma, la Iglesia colaborará para aclarar en todo lo posible la titularidad y actuar en consecuencia. Este es el verdadero compromiso y no otro.

Los bienes de la Iglesia están al servicio de toda la sociedad y son efectivamente del pueblo… del pueblo de Dios, del pueblo cristiano. Son bienes destinados en su inmensa mayoría a contribuir de una u otra manera, con los fines de la Iglesia, es decir: el anuncio del Evangelio y de los valores que se derivan de él que construyen nuestra sociedad, la vivencia de la fe de millones de católicos y por supuesto la inmensa labor social y asistencial que realizan las distintas instituciones de la Iglesia. Trabajando de verdad, no en la teoría ni con grandes discursos, sino a través de sus más de 9.000 centros asistenciales por donde pasan cada año más de 4 millones de personas (enfermos, mayores, pobres, mujeres victimas de violencia, drogodependientes, emigrantes, parados…). Son datos recogidos en la memoria anual de la Iglesia que por cierto, también está publicada en la web de la Conferencia episcopal, después de haber siso verificada por una empresa auditora.

Vivimos en una sociedad con grandísimos retos: el envejecimiento, la crisis de natalidad, las enfermedades mentales, el suicidio, la violencia hacia los más débiles, el acceso a la pornografía de los más pequeños, las nuevas adicciones, el paro especialmente en los jóvenes, la crisis económica, la falta de respeto o el acoso al que piensa distinto de mi o viene de otro país, los populismos irracionales…). Todo esto nos empobrece tremendamente y nos genera una enorme incertidumbre como sociedad.

Más allá de los bienes materiales, la Iglesia pone a disposición de toda la sociedad sus bienes espirituales, que no son pocos. Bienes que están en las raíces de nuestra cultura como la tan denostada, por algunos, “familia tradicional” que ha supuesto un auténtico primer escudo social en las sucesivas crisis económicas que venimos padeciendo, donde las familias se ayudan entre si, los hermanos, los abuelos a los nietos, etc. Sólo hay que salir a la calle para verlo.

Los valores que predica la Iglesia (no solo ella, claro) y que derivan del Evangelio son valores que construyen al hombre y a la sociedad, que le dan razón para vivir en medio de las dificultades y que contribuyen al desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Una sociedad basada en el bien común, donde cada persona contribuye de manera generosa en el progreso de todos.

Por eso, con independencia de las creencias que uno tenga y practique, la propia Constitución española considera el hecho religioso desde una perspectiva de laicidad positiva, afirmando la libertad religiosa y alentando las adecuadas relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones (artículo 16 CE). No se trata de que los gobiernos sean católicos o no, se trata más bien de valorar todo el bien qué puede hacer el ámbito religioso, en el plano cultural, formativo y educativo, así como en el ámbito asistencial. Y no solo valorarlo, sino reconocerlo e impulsarlo.

Tal vez, al menos por un momento, deberíamos abandonar algunos prejuicios trasnochados de un pasado cada vez más antiguo y distante y trabajar juntos por el futuro de nuestro país, donde la Iglesia, dentro de la sociedad, puede seguir aportando mucho. Sin privilegios, sin discriminaciones.